El Real Decreto-ley 18/2020, promulgado en medio de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, ha traído consigo cambios significativos en el ámbito laboral. Este decreto no solo introduce medidas de protección para los trabajadores, sino que también representa un giro en los derechos que anteriormente se consideraban garantizados.

Prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio

El reciente Real Decreto-ley 18/2020, publicado en el BOE el 13 de mayo, ha generado reacciones mixtas entre los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Por un lado, la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 brinda cierta tranquilidad a los empleados que aún no han podido regresar a sus puestos de trabajo.

Esto significa que, aunque se levante el estado de alarma, los trabajadores en ERTE seguirán recibiendo prestaciones por desempleo si sus empresas no pueden reiniciar la actividad laboral. En particular, los trabajadores fijos discontinuos que realizan tareas periódicas tendrán protección hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Gobierno se ha reservado la capacidad de extender esta prórroga en regiones que aún puedan estar bajo restricciones sanitarias. Además, las empresas que puedan reanudar su actividad deben implementar sistemas que faciliten la reincorporación de empleados a través de reducciones de jornada.

Sin embargo, hay límites establecidos para que las empresas se acojan a estos ERTE. Las que tengan su sede en paraísos fiscales quedan excluidas de esta ayuda, y las empresas con más de 50 trabajadores que se beneficien no podrán distribuir dividendos durante el ejercicio fiscal en el que aplican el ERTE.

Nuevas exoneraciones en cotizaciones a la Seguridad Social

El Real Decreto-ley 18/2020 establece un nuevo sistema que permite a las empresas flexibilizar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores durante los meses de mayo y junio. Este sistema se aplica tanto a aquellos que permanecen en ERTE como a los que se van reincorporando a sus puestos de trabajo de forma gradual.

Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán beneficiarse de una exoneración del 85% de la cotización en mayo y del 70% en junio. Para aquellas con 50 o más empleados, la exoneración será del 60% en mayo y del 45% en junio, lo que representa un alivio significativo en sus cargas financieras durante un periodo crítico.

Cambios en las reglas de mantenimiento del empleo tras los ERTE

El Real Decreto-ley 18/2020 introduce modificaciones importantes en las reglas que aseguran el mantenimiento del empleo para aquellos empleados que se beneficien de los ERTE. Anteriormente, se había establecido un compromiso de no despido durante seis meses después de finalizar un ERTE, pero esta norma ha cambiado.

Ahora, las empresas podrán recurrir a despidos por causas objetivas, afectando a trabajadores incluso en el periodo de seis meses posterior a un ERTE. Esto significa que, aunque existe una protección para los empleados, las empresas tienen más flexibilidad para reducir su plantilla si se enfrentan a dificultades económicas.

Las empresas en sectores con alta variabilidad o estacionalidad, como el turismo, podrán despedir trabajadores bajo esta nueva normativa.
El compromiso de mantenimiento del empleo no se aplicará en empresas con riesgo de concurso de acreedores.
Los sindicatos han mostrado preocupación por esta flexibilización, pero también reconocen la necesidad de proteger a los trabajadores en un contexto económico complicado.

Marco legal del Real Decreto-ley 18/2020

El contexto de la crisis sanitaria mundial ha llevado a la adopción de medidas laborales extraordinarias. En respuesta a la situación, el Real Decreto-ley 8/2020, que estableció el marco para los ERTE, fue un paso inicial en el que se buscaba proteger a los trabajadores y minimizar la pérdida de empleo.

Sin embargo, a medida que la crisis continuaba, se hizo necesario un nuevo conjunto de medidas que abordaran las realidades cambiantes. El Real Decreto-ley 18/2020, que se basa en la evolución de la crisis sanitaria, busca reactivar la economía y proporcionar una respuesta adecuada a la situación laboral de los trabajadores.

Este nuevo decreto ha sido el resultado de un diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales, buscando un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la necesidad de las empresas de adaptarse a un entorno adverso.

Impacto y análisis de las medidas adoptadas

Las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 18/2020 son clave para entender cómo el Gobierno español está manejando la crisis laboral derivada del COVID-19. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más relevantes:

Flexibilidad para las empresas: Las nuevas reglas permiten a las empresas adaptarse rápidamente a la situación económica, pero también generan incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los trabajadores.
Protección de los trabajadores: Aunque hay cambios en la normativa, se mantiene un nivel de protección para los trabajadores afectados por los ERTE, brindando acceso a las prestaciones por desempleo.
Compromiso con la recuperación: La implementación de medidas que fomentan la reincorporación gradual de los trabajadores refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para revitalizar la economía.

Novedades en la regulación del Real Decreto

El Real Decreto-ley 18/2020 también ha traído consigo la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral, que incluye a representantes del Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos. Esta comisión se encargará de supervisar la implementación de las medidas y garantizar que se cumplan los objetivos establecidos.

Las empresas que incumplan el compromiso de mantenimiento del empleo deberán reintegrar las cotizaciones que se les exoneraron, lo que añade un nivel de responsabilidad para las organizaciones que se benefician de estas medidas.

Conclusión sobre la normativa y su aplicación

El Real Decreto-ley 18/2020 representa un paso significativo en la gestión de la crisis laboral derivada del COVID-19. A través de sus medidas, se busca equilibrar la protección de los trabajadores con la necesidad de las empresas de adaptarse a un entorno cambiante. Aunque hay aspectos positivos, las nuevas regulaciones también plantean desafíos en términos de estabilidad laboral y derechos adquiridos.

Además, es fundamental que tanto empresas como trabajadores estén informados sobre sus derechos y las opciones disponibles en este nuevo contexto. Para aclaraciones sobre estos cambios y cómo pueden afectar a su situación laboral, puede consultar los servicios ofrecidos por AsesoraTech, donde encontrará información y asesoramiento especializado a un precio accesible.

Para más información, consulte Papeles claros por solo 19,90€.

Te puede interesar también: