Precio de un concurso de acreedores en España

Cuando una persona o empresa enfrenta problemas financieros severos, a menudo se ven arrastrados hacia un procedimiento legal conocido como concurso de acreedores. Este proceso no solo busca solucionar las deudas, sino que también permite a los deudores tener una oportunidad de reestructurar sus finanzas y, en algunos casos, continuar operando. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de este procedimiento es el costo asociado. En este artículo, exploraremos en profundidad los diferentes factores que influyen en el coste de un concurso de acreedores y cómo se pueden optimizar los gastos mediante estrategias adecuadas.

¿Qué es un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial diseñado para ayudar a los deudores que no pueden abonar sus deudas. Es un recurso que permite establecer un orden de prelación entre los acreedores, lo que significa que se determina quién cobra primero y en qué medida. Este proceso puede ser iniciado por el propio deudor (voluntario) o por uno o más acreedores (necesario).

El objetivo principal del concurso es maximizar el pago a los acreedores, pero también actúa como un mecanismo de salvaguarda para el deudor, permitiendo que puedan continuar con su actividad económica sin caer en la quiebra total. En este sentido, el concurso de acreedores cumple una función social, priorizando el pago de créditos considerados «sensibles», como los salarios de los empleados.

Costes asociados a un concurso de acreedores

Los costes de un concurso de acreedores pueden variar significativamente, dependiendo de varios factores. A continuación, se detallan algunos de los gastos más comunes que pueden surgir durante este proceso:

• Honorarios del abogado: entre 1.000 y 3.000 €.
• Costes del procurador: entre 200 y 500 €.
• Nuevos informes periciales: entre 500 y 2.000 €.

Por ejemplo, una empresa de fabricación que se ha declarado insolvente deberá notificar a todos sus acreedores sobre la situación. Esto puede generar gastos adicionales, especialmente si hay disputas sobre la valoración de los activos, lo que puede requerir la intervención de tasadores y peritos, incrementando así el coste total del procedimiento.

Otros gastos generados por el concurso de acreedores

Aparte de los honorarios de los profesionales involucrados, existen otros gastos que pueden surgir durante el concurso. Estos son algunos de los más relevantes:

• Procurador: Es obligatorio en el procedimiento, y sus aranceles están fijados por la ley.
• Administrador concursal: Su intervención no siempre es necesaria, pero puede ser costosa cuando se requiere.
• Costes registrales: Suelen oscilar entre 200 y 400 €.
• Tasador o perito: Cuando se necesita cuantificar activos, sus honorarios pueden variar de 500 a 800 €.
• Costes del juzgado: Pueden incluir tasas administrativas y otros gastos relacionados con la tramitación del caso.

Factores que influyen en el coste del concurso de acreedores

La complejidad del concurso de acreedores es un factor clave en la determinación de los costes. Algunos de los elementos que pueden influir en el coste total del procedimiento incluyen:

• Importe total del pasivo.
• Existencia de activos liquidables y su valor.
• Número de acreedores involucrados.
• Cese o continuidad de la actividad del deudor.
• Venta de activos en los dos años previos al concurso.
• Presencia de trabajadores en la empresa.
• Demandas, embargos o ejecuciones previas.
• Número de trámites necesarios (recursos, informes, planes, impugnaciones).
• Fases del procedimiento (preconcurso, convenio, liquidación).

Modalidad exprés: concurso de acreedores exprés

El concurso de acreedores exprés es una variante simplificada del procedimiento estándar, diseñado para aquellos deudores que enfrentan una insolvencia severa. Esta modalidad permite una tramitación más rápida y sencilla, evitando muchos de los trámites complejos del concurso ordinario. La legislación actual regula este tipo de procedimientos en los artículos 37 bis y siguientes de la Ley Concursal.

En este caso, el proceso comienza y concluye en el mismo auto judicial, lo que significa que no se siguen todas las fases requeridas en un concurso ordinario. Esto reduce significativamente el tiempo y los costes asociados, permitiendo que el procedimiento se resuelva en un plazo de tres meses, con gastos que oscilan entre 1.000 y 2.000 €.

Costes del concurso de acreedores exprés

El coste del concurso de acreedores exprés es considerablemente inferior al de un concurso ordinario. Esto se debe a la simplificación del proceso, que elimina la necesidad de muchos procedimientos formales y reduce la intervención de profesionales. Sin embargo, es vital tener en cuenta que esta modalidad está reservada para casos específicos donde la insolvencia es evidente y no hay posibilidad de recuperación.

Cómo reducir el coste de un concurso de acreedores

Una de las maneras más efectivas de reducir el coste de este procedimiento es a través del preconcurso de acreedores. Esta fase permite al deudor negociar con sus acreedores y buscar un acuerdo de refinanciación antes de que se inicie formalmente el concurso. Este enfoque conlleva múltiples ventajas, entre ellas:

• Se evitan los costes asociados a un concurso formal.
• El deudor puede mantener operativa la actividad del negocio durante la negociación.
• No hay publicidad del procedimiento, lo que ayuda a conservar la confianza de clientes y proveedores.
• No se requiere la intervención de un administrador concursal, lo que reduce los honorarios.

El preconcurso es particularmente útil para empresas que experimentan una insolvencia temporal y no para aquellas con un endeudamiento grave o permanente. Este proceso puede ahorrar entre 1.000 y 2.000 € en comparación con un concurso ordinario.

¿Quiénes cobran primero en un concurso de acreedores?

En el contexto de un concurso de acreedores, la prelación de créditos se refiere al orden en que los acreedores reciben el pago de sus deudas. Generalmente, los pagos se realizan siguiendo este orden:

1. Créditos privilegiados (como los salarios de los empleados).
2. Créditos ordinarios (deudas comerciales, préstamos sin garantía).
3. Créditos subordinados (deudas que se pagan después de haber saldado otras obligaciones).

Este orden se establece para garantizar que los acreedores más vulnerables, como los trabajadores, sean remunerados primero, salvaguardando así los derechos de aquellos que dependen de la empresa para su sustento.

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